En la 14ta edición de The Legal Industry Reviews Colombia, Marcela Blanco, abogada partner de Díaz Reus, International Law Firm en ese país, analiza el debate que han girado en torno al proyecto de ley de reforma al Código Penitenciario.
La agenda del Gobierno Nacional estará a tope por los próximos 365 días y no es para menos, pues, como lo ha venido anunciando el Presidente Petro desde su candidatura, habrá reforma a la salud, reforma política, reforma pensional y reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario. Esta última ya ha causado mucho revuelo en las últimas semanas y tiene una buena cantidad de detractores y uno que otro defensor.
Dentro de las modificaciones que se proponen en este proyecto de ley está la eliminación de delitos, tales como: la inasistencia alimentaria, la injuria, la calumnia y el incesto. Los argumentos más fuertes esbozados por el Gobierno para la supresión de estos tipos penales son: (i) la significativa congestión que generan estos delitos en la administración de justicia; y, (ii) la posibilidad de prevenirlos y perseguirlos a través de otros medios, diferentes al Derecho Penal, procurando el fortalecimiento a la justicia restaurativa.
Sin duda alguna, una de las principales problemáticas que enfrenta la justicia penal colombiana es la congestión judicial. De hecho, según los datos de la Corporación Excelencia en la Justicia proporcionados a octubre de 2022, había una congestión del 57.5% dentro del sistema penal, por lo cual, ciertamente se hace necesario tomar medidas urgentes para enfrentarla.

Eliminar conductas típicas del Código Penal que, en ciertos casos ni siquiera llegan a una imputación o a la etapa de juicio oral, y que pueden ser resueltas por vías alternas de una forma más eficiente, es una alternativa porque se contribuye a la descongestión del sistema, ayudando a que los jueces y fiscales centren sus esfuerzos en aquellos delitos en donde es necesario el desgaste del aparato judicial. Ahora bien, pensar que el solo hecho de despenalizar la inasistencia alimentaria, la injuria y la calumnia arreglará el problema de la congestión en Colombia, es una ilusión. Sin duda es un paso, pero las medidas tienen que ser aún más ambiciosas.
Adicionalmente, según lo explicado por el Gobierno, este proyecto de ley busca enfocar la política criminal nacional hacia la resocialización y la reinserción a la sociedad del condenado por encima del castigo y retribución, ampliando los criterios para acceder a la prisión domiciliaria, a la libertad condicional y a los permisos de 72 horas de libertad. Esta propuesta de medidas alternativas a la reclusión carcelaria ayudaría a aliviar el problema del hacinamiento carcelario, que, según el Ministro de Justicia, Néstor Osuna, tiene una sobrepoblación de 17.111 personas al interior de los establecimientos penitenciarios. Además, reconecta al sistema carcelario con el fin de resocialización de la persona que ha delinquido. No obstante, no creo que tenga un significativo impacto en la reducción del delito. Podrá haber menos hacinamiento y, tal vez, un enfoque resocializador más fuerte; sin embargo, la delincuencia y la prevención del delito se deben atacar a través de medidas mucho más profundas.
La reforma promete mucho, tiene un enfoque técnico y tiene buenas intenciones; sin embargo, en mi opinión, se queda corta para atacar los problemas que enfrenta el sistema penal y penitenciario en Colombia.
Marcela Blanco es abogada y Master en Corporative Law de la Pontificia Universidad Javerina en Colombia. Ostenta el título de Abogada en Estados Unidos, en la University of Kansas. Partner de Díaz Reus International Law Firm.