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¡Estaremos Atentos!

La minería representa el 14% del PBI del país, de acuerdo con la CONFIEP. Asimismo, según ciertas estadísticas publicadas por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, en el año 2020, el sector minero fue responsable de aproximadamente 60% de las exportaciones, 16% de la inversión privada y 19% de los tributos pagados por empresas privadas en el país.


Tomando en cuenta, por un lado, el desgaste sufrido por la economía peruana a causa de la crisis sanitaria y la inestabilidad política, y, por el otro, la importancia de la minería en la economía peruana, es inevitable cuestionarse acerca de las razones por las que la ministra Mirtha Vásquez suscribió, el pasado viernes 19 de noviembre, un acuerdo con las comunidades de las provincias ayacuchanas de Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara, tendiente al cierre de las minas Apumayo, Breapampa, Pallancata e Inmaculada.

La cartera de proyectos mineros en Perú (conformada por proyectos como Mina Justa, Quellaveco, Ariana, Ampliación Toromocho y otros más de 40 proyectos), representa una inversión total de US$ 56,158 millones, según el Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem). Así pues, si se quisiese mantener el crecimiento económico y el PBI del país en los años venideros, Perú requerirá de una importantísima inversión extranjera, por lo que es fundamental que los inversionistas mantengan un nivel óptimo de confianza en el país y, sobre todo, en sus dirigentes. Dicho esto, lo ocurrido el pasado viernes es preocupante ya que constituye un claro mensaje en contra de la inversión privada, en desmedro de todos los peruanos. Más aún, este tipo de actuaciones pone en evidencia una clara desconexión entre las decisiones políticas que se adoptan en el país y nuestra economía, y que aún no hemos podido superar la falta de comunicación entre el empresariado y los dirigentes políticos. Esto da pie a que sucedan episodios como el antes descrito, el cual, según lo informado por los medios de comunicación, habría sido una actuación unilateral y arbitraria de la ministra Vásquez, realizada sin haber dialogado previamente con las empresas involucradas y sin considerar que, aun cuando la supuesta motivación habría sido beneficiar a dichas comunidades, la realidad es que, en caso que este acuerdo sea en efecto ejecutado, más de 54,000 personas en las zonas de influencia perderían su empleo.

El lunes 22 de noviembre, luego de un fin de semana incendiario en los medios de comunicación, el Presidente Castillo se deslindó de dicha medida e indicó que “No ha existido, ni existirán decisiones unilaterales, ni arbitrarias y al margen de la ley. El gobierno convocará a los gremios empresariales, a las autoridades regionales y locales y las comunidades para dialogar sobre estos temas y llegar a consensos en beneficio de todos los peruanos”.

Asimismo, comunicó lo siguiente “vuelvo a ratificar mi compromiso de promover las inversiones privadas, entre ellas la minería, respetando estrictamente el marco legal vigente y la estabilidad jurídica. Mi gobierno apuesta por una minería responsable, moderna y sostenible. Tanto social como ambientalmente”. Si bien estás declaraciones están lejos de ser suficientes para remediar la situación, son al menos un punto de partida. Parece claro que el Presidente debe intensificar su trabajo en la comunicación interna con, y el control de, sus ministros, pues no es la primera vez que llegan mensajes sumamente contradictorios desde el Ejecutivo (recordemos al ex premier Guido Bellido hablando de nacionalizar el Gas de Camisea; y a Pedro Francke desmintiéndolo categóricamente momentos después). Los mensajes confusos y, peor aún, contradictorios al interior del poder Ejecutivo generan desconfianza en los inversionistas que tanto necesitaremos en el futuro próximo por las razones antes expuestas.

Por su parte, las comunidades ayacuchanas también se han hecho escuchar, enviando un comunicado a la PCM mediante el cual solicitan que se retiren las medidas y que el Estado dé un paso al costado; una actuación sin duda sensata en medio del caos político.

Por el momento, parecería que la rápida oposición y cobertura de los medios y la dura reacción de la población (entre ellas, las mismas comunidades involucradas en el supuesto acuerdo) han frenado el avance o, por lo menos, el enfoque de dichas medidas. Así pues, hoy más que nunca los medios de comunicación y la población civil deben estar vigilantes y denunciar cualquier atropello a las normas y el régimen constitucional que, si bien no perfecto, nos protege de las arbitrariedades y garantiza el Estado de Derecho en el país. ¡Estaremos atentos!

Autores: Ana María Sánchez y Rafael Lulli

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