El 5G es mucho más que la evolución natural de un estándar en las comunicaciones móviles que mejorará la experiencia del usuario de esta tecnología; entraña un cambio en la forma en que, como sociedad, entenderemos y viviremos la conectividad y la evolución de sus casos de uso pues, a la fecha, solo se han comercializado un tercio de todas las potenciales aplicaciones de 5G.

Respecto de las generaciones que le anteceden, el 5G implica una sustancial mejora de las velocidades de banda ancha móvil, de la disponibilidad, capacidad y latencia de las redes. Esto nos ubica frente a un redimensionamiento radical de nuestros ecosistemas móviles y de los verticales mismos de la industria. Pero el cambio va más allá del ámbito de las telecomunicaciones: un acervo tecnológico con la capacidad de redefinir nuestras capacidades productivas -inteligencia artificial, realidad virtual, etc.- tendrá por fin, con el 5G, la agilidad y flexibilidad necesarias para su pleno desarrollo.

Estamos en el umbral de una sociedad global plenamente conectada y ante la configuración de la plataforma de innovación abierta más grande de la historia. Pero, para hacerlo realidad es necesario contar con el espectro adicional requerido para 5G y a su vez, que se permita eficientizar y compartir los activos espectrales de las tecnologías previas.

Según la GSMA (Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, por sus siglas en inglés), a mayo de 2022 se han desplegado a nivel global 198 lanzamientos comerciales de red 5G con una penetración de mercado del 9%, previendo para 2025 una conectividad del 26%. Para 2027, 5G se convertirá en la tecnología de acceso móvil dominante por suscripciones.

Pero, al margen de este vertiginoso desarrollo global y del progresivo cierre de la brecha digital nuestra región queda rezagada, sujeta a políticas públicas y regulaciones poco claras y muchas veces de alcance parcial y de corto plazo, situación a la que México tampoco escapa. Este es un reto inherente no solo a la forma en que hemos entendido y regulado el uso del espectro radioeléctrico, sino también en cómo ponderamos el valor de este recurso frente a los compromisos socio-económicos de conectividad y digitalización de la población.

Por ejemplo, mientras que en países de Europa los operadores pagan alrededor del 5% del costo total de la banda a la que acceden, en México sus homólogos erogan por este derecho aproximadamente el 92% de dicho precio y esto, tan solo por títulos de concesión de uso secundario, generando una barrera considerable para las inversiones en banda ancha móvil. Países que sufrieron los efectos adversos de una política regulatoria sesgada y cortoplacista en su despliegue de la tecnología 4G lideran hoy la carrera del 5G, habiendo entendido la necesidad de que la industria tenga suficiente espectro y los incentivos correctos para invertir en la implementación de redes.

Los objetivos de la política pública deben de trascender el incentivo más inmediato de monetización de las bandas del espectro radioeléctrico para enfocarse en la potenciación de la conectividad y el progresivo cierre de la brecha digital, lo que traerá mayores beneficios económicos y sociales al país.

¿Por dónde comenzar? En general, los gobiernos deben adoptar una política nacional en materia de adjudicación de espectro que favorezca la inversión a largo plazo en redes 5G, partiendo con una hoja de ruta clara en relación a esto y al establecimiento concienzudo y ponderado de términos y condiciones de licenciamiento adecuados para acceder al espectro 5G.

El proceso de establecimiento de precios, oferta y adjudicación del espectro debe ser claro, transparente y orientado a implementar no solo un servicio de comunicaciones móviles, sino una verdadera estrategia de conectividad nacional. Prácticas como cánones anuales elevados sobre precios altos, precios de reserva y limitaciones directas o indirectas al acceso del espectro desincentivan la inversión y coartan la competencia, siendo el usuario final el principal afectado.

Incluso, los compromisos exigibles a los operadores deben alinearse con el objetivo de un servicio de mejor calidad y más sostenible en el tiempo para los usuarios de tecnología móvil: accesibilidad, integridad y cobertura geográfica deberían privilegiarse como condiciones de adjudicación por sobre el precio ofrecido. La excesiva onerosidad del acceso al espectro redunda en el desarrollo asimétrico de las redes, abonando al ensanchamiento de la brecha digital.

Desde el punto de vista técnico, el 5G necesita un espectro armonizado y disponibilidad en las bandas bajas, medias y altas para garantizar una cobertura amplia y su habilitación para diversos casos de uso. En el caso de México, el espectro en bandas medias es especialmente importante para su implementación, pues ofrece un balance correcto entre capacidad y cobertura, necesario para garantizar un acceso más democrático a esta tecnología, y a la vez evitar al máximo la interferencia en la misma banda a utilizarse por los operadores, siendo esta una particularidad del mercado mexicano que adiciona complejidad a la forma de construir la cobertura.

La promesa de cambio que trae el desarrollo de redes móviles 5G respecto a la conectividad y reducción de la brecha digital exige un replanteamiento de las políticas públicas y del marco regulatorio que nuestro país administra para la adjudicación y explotación del espectro radioeléctrico. La fórmula debe reajustarse para que el rubro determinante no sea únicamente el rédito económico de corto plazo derivado del pago de cánones, sino también la accesibilidad, calidad y cobertura del servicio de comunicaciones móviles. Para ello se requiere un compromiso a largo plazo, donde las políticas públicas se encaminen a una reducción en el costo del espectro, y una simplificación de la carga regulatoria que promueva la inversión de los operadores en innovación, tecnología e infraestructura en condiciones competitivas.

La reducción de la brecha digital en México es una aspiración y una obligación compartida entre todos los actores de la industria, los operadores y las autoridades gubernamentales.